No somos vasijas

9 07 2015

Corre la voz se suma a la campaña iniciada por filósofas y constitucionalistas españolas “No somos vasijas” que pretende erradicar la práctica del vientre de alquiler y que denuncia la “cosificación” del cuerpo de las mujeres.

Esta iniciativa, que firman entre otras las filósofas Amelia Valcárcel y Victoria Camps, y constitucionalistas como María Luisa Balaguer o Mar Esquembre, se suma a la campaña internacional “Stop Subrogación now” y busca abrir un debate que, según han denunciado en un comunicado, “no ha contado con la reflexión desde la perspectiva de los Derechos Humanos”.

MANIFIESTO

LAS MUJERES NO SE PUEDEN ALQUILAR O COMPRAR DE MANERA TOTAL O PARCIAL

Las personas que suscriben este manifiesto muestran su preocupación ante los variados pronunciamientos a favor de la regulación de la maternidad subrogada, o la práctica de alquilar vientres de mujeres en favor de terceros. Para que los partidos políticos y los gobiernos, nacional y autonómicos, estén alerta y no se dejen engañar por campañas mediáticas, a todas luces parciales, deben tener presente que el deseo de paternidad/maternidad nunca puede sustituir o violar los derechos que asisten a las mujeres y los y las menores. El deseo de ser padres-madres y el ejercicio de la libertad no implica ningún derecho a tener hijos. Por ello mostramos nuestro absoluto rechazo a la utilización de los “vientres de las mujeres con fines de gestación para otros” que se fundamenta en las siguientes razones:

- Porque abogamos por el derecho a decidir de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos. La maternidad por sustitución niega a las mujeres gestantes el derecho a decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de decisiones relativas a la crianza, cuidado y educación del menor o la menor.

- Porque elegir es preferir entre una serie de opciones vitales. La elección va acompañada, a su vez, de la capacidad de alterar, modificar o variar el objeto de nuestras preferencias. La maternidad subrogada no sólo impide a las mujeres la capacidad de elección, sino que además contempla medidas punitivas si se alteran las condiciones del contrato.

- Porque la llamada “maternidad subrogada” se inscribe en el tipo de prácticas que implican el control sexual de las mujeres: si en las sociedades tradicionales, los matrimonios concertados o la compra por dote, son las típicas formas en que se ejerce el control sexual de las mujeres, en las sociedades modernas, la prohibición del aborto, la regulación de la prostitución y la maternidad subrogada son sus más contundentes expresiones.

- Porque alquilar el vientre de una mujer no se puede catalogar como “técnica de reproducción humana asistida”. Las mujeres no son máquinas reproductoras que fabrican hijos en interés de los criadores. Es, por el contrario, un evidente ejemplo de “violencia obstétrica” extrema.

- Porque el “altruismo y generosidad” de unas pocas, no evita la mercantilización, el tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta. La recurrencia argumentativa al “altruismo y generosidad” de las mujeres gestantes, para validar la regularización de los vientres de alquiler, refuerza la arraigada definición de las mujeres, propia de las creencias religiosas, como “seres para otros” cuyo horizonte vital es el “servicio”, dándose a los otros. Lo cierto es que la supuesta “generosidad”, “altruismo” y “consentimiento” de unas pocas solo sirve de parapeto argumentativo para esconder el tráfico de úteros y la compra de bebés estandarizados según precio.

- Porque cuando la maternidad subrogada “altruista” se legaliza se incrementa también la comercial. Ningún tipo de regulación puede garantizar que no habrá dinero o sobornos implicados en el proceso. Ninguna legalización puede controlar la presión ejercida sobre la mujer gestante y la distinta relación de poder entre compradores y mujeres alquiladas.

- Porque no aceptamos la lógica neoliberal que quiere introducir en el mercado “los vientres de alquiler”, ya que se sirve de la desigualdad estructural de las mujeres para convertir esta práctica en nicho de negocio que expone a las mujeres al tráfico reproductivo.

- Porque las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial. La llamada “maternidad subrogada” tampoco se puede inscribir, como algunos pretenden, en el marco de una “economía y consumo colaborativo”: la pretendida “relación colaborativa” sólo esconde “consumo patriarcal” por el cual las mujeres se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial.

- Porque nos mostramos radicalmente en contra de la utilización de eufemismos para dulcificar o idealizar un negocio de compra-venta de bebés mediante alquiler temporal del vientre de una mujer, viva ésta en la dorada California o hacinada en un barrio de la India. Así es que nos afirmamos en llamar a las cosas por su nombre, no se puede ni se debe describir como “gestación subrogada” un hecho social que cosifica el cuerpo de las mujeres y mercantiliza el deseo de ser padres-madres.

- Porque la perspectiva de los Derechos Humanos supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras y sus capacidades reproductivas sean compradas. El derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato.

Así pues, nos declaramos en contra de cualquier tipo de regulación en torno a la utilización de mujeres como “vientres de alquiler”

Para más informaciónn visita: No somos vasijas

 



Sumando voces contra las violencias

16 10 2013

Tu Voz Cuenta quiere reconocer la lucha de los movimientos de mujeres que desde hace décadas reivindican el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y concretamente el derecho al aborto legal, seguro y accesible para todas como parte de nuestros derechos humanos fundamentales.

 

En España, al igual que en varios países europeos como Hungría, Polonia o Rusia, este derecho está siendo cuestionado, no sólo desde los fundamentalismos religiosos y políticos o los sectores conservadores de la sociedad, sino desde los propios gobiernos.  La situación actual, puede suponer un retroceso importante en los avances conseguidos hasta el momento. En el caso de España, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la promulgación de una nueva ley que previsiblemente hará tabla rasa de la actual ley de plazos y supondría un retroceso de más de 35 años en los derechos de las mujeres en España. Al mismo tiempo, y gracias a la reivindicación y la lucha de las mujeres, en otro países como Uruguay, Argentina o México, se están dando algunos tímidos avances legales que, a pesar de ser parciales, implican una importante conquista de derechos para millones de mujeres.

Frente a estos posibles retrocesos, se hace necesario movilizar organizaciones, redes y movimientos de mujeres para conseguir un compromiso político real, que supere barreras legales o financieras, y transforme los sistemas de salud, las condiciones sociales y económicas adversas, la violencia y la discriminación que nos impide acceder a los servicios de salud y a la información necesaria para poder decidir sobre nuestros cuerpos. Al mismo tiempo se hace necesario visibilizar las conquistas logradas por mujeres en otras partes del mundo.¿Qué puedes hacer tú para cambiarlo?

Súmate a la campaña y comparte con nosotras en las redes sociales, en nuestro facebook o al twitter 

Para más información: www.porquetuvozcuenta.com



Migración y violencia hacia las mujeres

8 04 2010

Desde sus países de origen hasta su estancia obligada en Marruecos de camino a Europa, las mujeres migrantes subsaharianas se ven expuestas a todo tipo de agresiones.

Muchas se ven forzadas a huir de la violencia generalizada, de matrimonios forzados o de la violencia doméstica. Durante el trayecto y en Marruecos se enfrentan a nuevos ataques y abusos sexuales, y a menudo se ven sujetas a explotación con fines de prostitución. Pocas de ellas se atreven a hablar de las agresiones padecidas, pero detrás de los testimonios recogidos por Médicos Sin Fronteras (MSF) se esconde un fenómeno de preocupantes dimensiones que requiere una respuesta parte de Marruecos y de los países de la Unión Europea.

Entre  mayo  de  2009 y enero de 2010, una de cada tres mujeres atendidas por MSF en Rabat y Casablanca admitió haber sufrido uno o múltiples episodios de violencia sexual, ya fuera en su país de origen, durante el trayecto y/o una vez en territorio marroquí. En este período MSF atendió un total de 27.431 consultas. 

MSF recogió las historias de 63 pacientes, de las que más del 21% eran menores de edad. Los testimonios de estas mujeres muestran la situación de indefensión que sufren durante todo el trayecto. 

En base a su experiencia sobre el terreno en Marruecos, MSF considera que:

• La creación de células de protección policiales no supone una garantía para la acogida, protección y atención a las víctimas, al prevalecer su condición de indocumentadas. Las mujeres MSS (Migrantes subsaharianas) que acuden a las comisarías o las gendarmerías pueden encontrarse detenidas y expulsadas a la frontera en pocas horas.

• A pesar de las muestras de buena voluntad de las organizaciones sociales y las instituciones, siguen sin existir recursos específicos para las mujeres migrantes subsaharianas. Su situación de irregularidad complica una vez más las posibilidades de un acogimiento prolongado dentro del escaso tejido social existente.

• En el caso específico de la atención psicológica, ésta no se encuentra adaptada a las particularidades culturales o lingüísticas de este colectivo.

• Las mujeres MSS que escapan a las redes de trata de personas corren evidentemente un grave peligro; sin embargo, no existe mecanismo alguno de respuesta coordinada que pueda asumir este tipo de casos.

Para más información: Médicos sin fronteras

Para descargar el informe pincha aquí.



Tolerancia cero a la Mutilación genital femenina

7 02 2010

El 6 de Febrero se conmemora el Día Internacional contra la mutilación genital femenina.

Unas 130 millones de mujeres y niñas en todo el mundo son condenadas injustamente a vivir -sólo por razón de su sexo- con esta marca terrible que supone la mutilación de sus órganos genitales.

Lugares de África donde se sigue prácticando ablación. Fuente: Wikipedia

Chad, Somalia, Malí, Sudán, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Kenia y Costa de Marfil son ejemplos de países donde más del 90% de las mujeres sufren esta mutilación.

Al menos 15 países africanos han ratificado ya el Protocolo de Maputo (2003), por el cual se declaran dispuestos a eliminar todas las prácticas nefastas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres. En concreto, se comprometen a adoptar leyes y establecer sanciones para condenar todas las formas de mutilación genital femenina.

Para tratar el tema en las aulas os recomendamos la visualización de la película Moolaadé.

Título Original: Moolaadé
Género: Drama
Dirección: Ousmane Sembene
Guión: Ousmane Sembene
Producción: Filmi Doomirew (Senegal), Ciné-Sud Promotion (Francia), Dirección de la Cinematografía Nacional (Burkina Faso), Centro Cinematográfico Marroquí (Marruecos), Cinétéléfilms (Túnez) y Les Films de la Terre Africaine (Camerún).
Duración: 117 min.
Países: Senegal
Año de producción: 2005
Reparto: Fatoumata Coulibaly (Collé Ardo Gallo Sy), Maïmouna Hélène Diarra (Hadjatu), Salimata Traore (Ambato), Aminata Dao (Alima Bâ), Dominique T. Zeida (El mercenario), Mah Compaore (mujer encargada de la ablación).

Sinopsis: Collé Ardo vive en un pueblo africano. Hace siete años no permitió que su hija fuera sometida a la ablación, una práctica que le parece una barbarie y que ella también sufrió. Hoy, cuatro niñas huyen para escapar del ritual de la “purificación” y piden a Collé que las proteja. A partir de ese momento, se enfrentan dos valores: el respeto al derecho de asilo (el moolaadé) y la tradición de la ablación (la salindé). Con su decisión de acoger y ayudar a las niñas Collé Ardo provoca una crisis en la vida de la aldea. Collé incluso soportará el sufrimiento del castigo y la humillación pública antes que renunciar a su posición, desencadenando así una auténtica rebelión de mujeres que exigen que ninguna niña más sea mutilada. Por otra parte, Amsatou, la hija de Collé, ya está en edad de casarse y la pretende el hijo del jefe del pueblo, un joven que acaba de llegar de París. Hasta la fecha, ningún hombre se ha atrevido a casarse con una mujer no “purificada”.

La ficha didáctica de la película podéis consultarla en la web de edualter.org

Para más información sobre el Protocolo de Maputo pincha aquí.



Otra violencia de género: la trata y el tráfico de mujeres

21 11 2009

En los prolegómenos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Médicos del Mundo quiere llamar la atención sobre la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual como una forma de esclavitud del siglo XXI en nuestro país. Se calcula que en España ejercen la prostitución forzada unas 250.000 mujeres , procedentes en su mayoría de África y Europa del Este. En el último informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de trata se cambia el concepto de “trabajo sexual” y “cliente” por explotación sexual y usuario.

La prostitución es como una forma de violencia de género y por la tanto como una vulneración de los derechos humanos.

Siguiendo la dinámica de Europa, en el Estado español se está debatiendo cómo abordar la prostitución, algunos ayuntamientos han empezado a tomar medidas, como el de Madrid e incluso en la comunidad catalana se ha llegado a plantea la regularización como actividad laboral, sin tener en cuenta el sistema constitucional de competencias que otorga la exclusividad al Estado para regular derechos fundamentales.

Casi todas estas medidas tienen un enfoque basado más policial o de “limpieza” y en el orden vial que un enfoque de derechos hacia las mujeres, las verdaderas víctimas de esta actividad. En estos momentos, la Comisión de Igualdad Congreso-Senado, está elaborando un informe en el que valorará la conveniencia o inconveniencia de regular la prostitución como actividad laboral. Médicos del Mundo ha trasladado en sus comparecencias a la Comisión Mixta la consideración de la prostitución como una actividad que perjudica gravemente su salud y su calidad de vida constituyendo una forma más de violencia de género.

La experiencia que Médicos del Mundo ha adquirido en los 15 años que lleva interviniendo con personas prostituidas nos ha servido para observar cómo el perfil de las personas prostituidas ha cambiado, la pobreza es un factor fundamental para que muchas mujeres se inicien en el ejercicio de la prostitución. En este periodo, la ONG ha atendido a más 69.000 personas prostituidas y ha comprobado que las consecuencias del ejercicio de la prostitución para la salud mental, constatadas por los profesionales que las atienden son las mismas que sufren las personas sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así mismo, las personas prostituidas son personas con una mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer y transmitir el VIH/SIDA, debido, en general, a la dificultad para imponer el uso del preservativo.

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Voces contra la explotación sexual

23 09 2009

El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas.

Una ocasión para visibilizar y reflexionar sobre el grave problema de muchas personas cuya situación de vulnerabilidad es aprove-chada por explotadores y los llamados “clientes”.

El lema escogido este año 2009, “Mi vida tiene valor. Mi cuerpo no tiene precio” centra la atención, en la inalienable dignidad de toda persona.

Más allá de los debates, a veces interesados, entre posturas reglamentaristas o abolicionistas hay un principio en el que todo el mundo debería estar acuerdo: ninguna persona puede ser objeto de mercadeo o consumo sexual.

El 90% de las mujeres que ejercen las prostitución, la practican de una forma forzada, según determinó una ponencia parlamentaria que tras analizar la prostitución en España redactó un dictámen en el que se oponía a regular el fenómeno.

La trata de seres humanos con fin de explotación es una gravísima violación de los derechos humanos y es otra forma de violencia contra las mujeres.

La trata con fines de explotación sexual afecta al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la seguridad y a la libertad, a la dignidad de la persona. Vulnera también otra serie de derechos humanos, como el derecho a no ser vendida en matrimonio, ni sometida a esclavitud, o tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes; el derecho a una vida familiar y a la intimidad, el derecho a la salud, a una vivienda en condiciones de seguridad y a no ser discriminada por el hecho de ser mujer.

Con arreglo al derecho internacional, los Estados tienen la obligación de prevenir la trata de personas, investigar y sancionar a quienes la cometen y proteger y ayudar a la recuperación de las víctimas.

Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata afecta cada año a unas 2.500.000 personas, especialmente mujeres y niñas. La trata está considerada como un negocio trasnacional que genera unos 7.000 millones de dólares anuales, situándose en el tercer lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, después del tráfico de drogas y de armas.

Este día fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, para celebrar una fecha argentina: la del 23 de setiembre de 1913, día en el que fuera promulgada la ley 9.143; la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil.

Para más información consulta las webs:

http://www.apramp.org/, Grupo 23septiembre o FMP.

También puedes firmar para frenar la Trata para la explotación sexual:



Derechos sexuales y aborto

26 03 2009

La relación entre sexualidad y capacidad reproductiva es uno de los ejes sobre los que se configura el proyecto vital de una mujer. De ahí la revolución que supusieron para la vida de las mujeres los métodos anticonceptivos modernos y, en concreto, la píldora. Pero la resolución de esa opción no es igual para cada mujer. Ni siquiera es igual para una misma mujer a lo largo de su vida.

De ahí que en esa decisión, la libertad y el reconocimiento de la autoridad de las mujeres sean condiciones básicas para que éstas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

La importancia de que los gobiernos impulsen políticas públicas en torno a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres tiene que ver con facilitar a la ciudadanía su desarrollo como personas, de manera que la libertad y decisión en torno a sus derechos, incluidos los sexuales, se realice en armonía con sus convicciones personales y su proyecto de vida, y en las mejores condiciones posibles.

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Todo el camino recorrido en las políticas de igualdad durante el siglo XX y los avances a los que asistiremos durante el siglo XXI deben ir en dirección al reconocimiento de la autoridad de las mujeres.

El Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres se plantea como necesario y urgente. Y si en cualquier negociación el reconocimiento mutuo de autoridad para poder llegar a consensos es la base de la misma, en el Nuevo Contrato Social, con mayor razón.

El reconocimiento de la autoridad de las mujeres es la condición sine qua non para que el Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres se firme democráticamente entre iguales.

Estamos hablando de los talentos, intereses y anhelos de más de la mitad de la población, que son las mujeres, incluyendo la aún exclusiva e intransferible capacidad que poseen, de la reproducción de la especie.

Es en ese reconocimiento de la autoridad de las mujeres donde tienen razón de ser y existir los instrumentos de representación (cuotas, paridad) en los lugares de decisión. Un reconocimiento que se debe concretar en cada uno de los derechos básicos, como son los derechos sexuales y reproductivos; entre ellos, el derecho al aborto.

En consecuencia, estas políticas públicas deben contemplar las decisiones de las mujeres que solicitan el aborto como decisiones firmes y responsables, como palabra de mujer. Y a partir de ahí, acompañarlas en esa decisión, facilitándoles el acceso a la prestación, con los medios técnicos adecuados y en condiciones óptimas de atención, seguridad y salud.

En pleno siglo XXI, desde el punto de vista democrático no es sostenible que se reconozca como prestigiosa, tanto en el ámbito médico como social, la labor desarrollada alrededor de las nuevas tecnologías reproductivas con el significante de la selección de embriones, la congelación y manipulación de óvulos y espermatozoides, etc., y, en cambio, la decisión de la mujer en torno a interrumpir su embarazo o incluso evitar que se produzca la fecundación del mismo siga estando bajo sospecha y, por tanto, tutelado.

En la actualidad, cualquier mejora en la cualidad democrática debe articulase en torno a cuatro círculos básicos de relación entre las personas y la sociedad en la que viven, con sus correspondientes pactos. El primer círculo tiene que ver con la conciencia individual y por tanto es el pacto en el que cada una de nosotras(os) hace consigo misma. El segundo círculo tiene que ver con el proyecto de vida. Es el pacto con el otro/la otra. El tercer círculo corresponde a cómo está estructurada la sociedad en su conjunto; es el pacto social, en la actualidad en proceso de redefinición del Nuevo Contrato. Y el cuarto círculo corresponde a la participación de la ciudadanía en las decisiones en torno al desarrollo concreto de nuestra sociedad; es el pacto entre ciudadanía y política. Todos ellos, recorridos por la vivencia de la sexualidad, incluyendo el parto y nacimiento de los hijos e hijas, como elemento básico de la felicidad de las personas.

Después de 22 años de la despenalización parcial del aborto, la educación sexual en las escuelas sigue siendo la gran ausente y los dispositivos de planificación familiar tienen básicamente el soporte del voluntarismo militante del personal que los atiende; según comunidades autónomas, el acceso a determinados métodos, incluida la prestación legal del aborto, no son gratuitos… La educación en el autoconocimiento y la autoestima como elementos indispensables para querernos y amar desde la dignidad de considerarnos personas, no aparece de manera integrada en la propia educación, etc., de ahí que debamos abordar el derecho al aborto en el marco de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contemple entre otras cosas la regulación de la objeción de conciencia en consonancia con los nuevos derechos de ciudadanía.

Después de 22 años de resolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones de salud y seguridad, a través principalmente de las clínicas privadas acreditadas, queda pasar de la normalización social que individualmente, a costa de su salud mental (el 98% de los abortos realizados), han ejercicio cada una de las 100.000 mujeres que abortan en nuestro país anualmente, y llegar a la normalización jurídica y sanitaria a través del consenso político, que restituya la autoridad de las mujeres.

Consuelo Catalá Pérez es ex presidenta de ACAI y diputada socialista en las Cortes Valencianas (Público, 27 de Enero de 2009)

Ilustración de Iván Solbes