El lenguaje jurídico-administrativo

12 03 2007
1. El lenguaje jurídico-administrativo: consideraciones generales

El lenguaje administrativo es la lengua empleada por los órganos de la Administración del Estado tanto en sus relaciones internas como en su relación con los administrados. Lo normal es que se manifieste de forma escrita, a través de variadísimos documentos (actas, anuncios, circulares, citaciones, convocatorias, disposiciones, estatutos, formularios, notificaciones, oficios y otras muchas modalidades). Entre los más usados por los ciudadanos, no ya como meros receptores sino como emisores, se hallan sin duda la instancia y el contrato.

Escritos administrativos también de uso frecuente son los dictámenes, disposiciones, normativas, órdenes, regulaciones y resoluciones, que nos sitúan ya en el terreno más específico del lenguaje jurídico. En efecto, el poder ejecutivo descansa en el organismo de la Administración para hacer cumplir la legislación vigente. De ahí la estrecha relación entre los textos jurídicos y los administrativos. El lenguaje jurídico se puede definir como la lengua empleada por los órganos de la Administración de Justicia en sus relaciones con la colectividad o con las personas físicas y jurídicas, es decir, como un tipo de lenguaje administrativo específico. Textos jurídicos son tanto los legales (la manifestación concreta de las leyes) como los judiciales (los derivados de la puesta en práctica de la legislación por parte de los profesionales del derecho).

La frontera entre lenguaje jurídico y administrativo no está, pues, bien delimitada. Comparten los recursos lingüísticos (gramaticales y léxicos) y coinciden también en los factores extralingüísticos que los caracterizan (el canal, el emisor, el receptor y la finalidad o intención comunicativa).

El lenguaje jurídico-administrativo suele considerarse un lenguaje específico, o bien, una variedad diastrática del sistema (”lenguaje sectorial”). Pero lo que distingue al texto jurídico-administrativo es la especificidad del conjunto de factores que intervienen en su producción:

  • El emisor de un texto jurídico-administrativo es un emisor bastante especial: suele ocupar una posición de dominio y suele buscar el anonimato.
  • El receptor por lo general ocupa una posición “subordinada” con respecto al texto, que se le impone.
  • Estos papeles se invierten cuando se trata de un texto elaborado por el ciudadano para dirigirse a la Administración (en instancias y recursos, por ejemplo). En ese caso es el receptor el que ocupa una posición de poder y el emisor el “subordinado”, que se ve obligado a asumir y recordar constantemente esta condición, desde el momento en que debe hablar de sí mismo en tercera persona (aceptando que “no es nadie, al menos nadie conocido”).
  • El canal es especial: es un papel y, no uno cualquiera, sino un papel oficial, fechado y firmado. El canal se convierte en la propia ley.
  • El contenido del mensaje en este tipo de texto es específico: no lo será nunca una anécdota, ni una historia, ni un chascarrillo, ni una hipótesis.
  • La intención del emisor al elaborar su mensaje tiene una finalidad fundamentalmente práctica: la de informar, ordenar y, a veces, disuadir (y solicitar o reclamar cuando el emisor es el ciudadano).
2. El texto jurídico-administrativo: rasgos característicos
  • La rigidez de su estructura
  • Un esquema invariable establecido de antemano para cada modalidad (contrato, instancia, sentencia, etc.)
  • Léxico muy conservador, lleno de tecnicismos y fijado también de antemano a través de fórmulas y frases hechas ausentes en muchos casos de la lengua estándar.
  • En consecuencia, el emisor del texto jurídico-administrativo tiene vedada en gran medida la creatividad, la expresividad, la subjetividad: no puede usar metáforas no fijadas previamente, ni improvisar una organización nueva para su mensaje, ni jugar de forma personal con la lengua; constituye un mero “notario” o “amanuense”, a menudo, en sentido literal. El emisor real del texto muchas veces parece tener como única pretensión la de desaparecer de su escrito.
  • Desde esta perspectiva, el lenguaje jurídico-administrativo es más bien la negación del estilo, a diferencia del lenguaje político, publicitario, literario, etc. No obstante, existe una serie de rasgos gramaticales y léxicos característicos, responsables del estatismo, impersonalidad y rigidez del texto jurídico-administrativo, que merece la pena mencionar brevemente.
2.1. Recursos gramaticales y léxicos

Preferencia por la construcción nominal (sustantivos y adjetivos),  sustitución de construcciones verbales por construcciones nominales; y el uso de perífrasis con un verbo vacío o desposeído de significado y un sustantivo que porta mayor carga semántica (presentar reclamación por reclamar; interponer recurso por recurrir). Con ello la prosa se vuelve más abstracta e intemporal y también más lenta e incluso cacofónica. La prosa se despersonaliza: con el uso de los nombres desaparecen las personas que acompañan a los verbos.

Uso habitual de la pasiva. Se prefiere la pasiva refleja a la perifrástica

2.2 El texto jurídico-administrativo como texto comunicativamente fallido                  

La eficacia comunicativa de este tipo de texto, como dijimos, depende precisamente de que el emisor se ajuste al esquema previsto de antemano, para lo cual se sirve, entre otros recursos, de giros y fórmulas que ocupan un lugar preestablecido en la estructura del texto. Pero lo que habría de servir de ayuda constituye más bien un corsé extremadamente rígido que dificulta el discurrir fluido del mensaje y de la construcción. Asimismo, el exceso de subordinación, en busca de la precisión y explicitud, desencadena rupturas de la construcción gramatical que entorpecen la legibilidad del escrito. Los textos exigen del lector un esfuerzo suplementario que no garantiza, con todo, su recta comprensión. De ahí que, en principio, se pueda caracterizar el lenguaje jurídico-administrativo como un lenguaje fallido. 

3. El dominio del lenguaje jurídico-administrativo como necesidad social

Las propiedades aquí atribuidas al texto jurídico-administrativo tienen serias repercusiones de orden social, en la medida en que es muy difícil que un ciudadano común no se enfrente en algún momento de su vida a la redacción o a la interpretación de un texto de este tipo: una reclamación sobre la nota obtenida en la prueba de selectividad;  impugnar el resultado de algún concurso u oposición; aclararse sobre qué se debe y qué no hace falta declarar en el Impuesto sobre la Renta, solicitar por escrito un arbitraje al Ayuntamiento en un litigio por una reclamación no atendida en su tintorería, constituir una sociedad mercantil, redactar o suscribir el convenio colectivo de su empresa, los estatutos de un partido o asociación, de un convenio de separación conyugal consentida, o bien interponer una demanda de divorcio o de solicitud de pago de la pensión alimenticia…

Así que, según este panorama, un ciudadano “normal” pasa gran parte de su vida leyendo e intentando interpretar textos de carácter jurídico-administrativo. Por tanto la correcta comprensión del texto jurídico-administrativo y la capacidad para la producción de textos de este tipo se convierten en habilidades importantes desde el punto de vista social y, si no por ello estos textos van a ser más amenos, al menos sí deberían estudiarse con un poco más de interés.

Al texto jurídico-administrativo se le atribuyen ciertas características (rígido, arcaico, formulario, repetitivo, acumulativo y, en definitiva, complejo), se derivan de forma natural de la naturaleza específica de los distintos factores que intervienen en su producción: sus objetivos, el canal, el emisor y el receptor.

4. El texto jurídico-administrativo como instrumento de control

           En principio, el objetivo del texto jurídico-administrativo es legislar, regular la actividad social e informar. En muchos  textos el emisor pretende restringir el acceso de los receptores del texto al control del discurso. No parece difícil argumentar que existe un componente de control y de mantenimiento al margen del administrado, que se materializa no sólo en el léxico específico, sino en otros aspectos menos evidentes, como la excesiva subordinación e impersonalización del texto.

ABEL TENA GARCIA

DAVID GARCIA REBELO


Acciones

Informaciones

Un comentario a “El lenguaje jurídico-administrativo”

12 01 2011
Kenia (20:30:43) :

muy buena información.
Gracias.-

Enviar un comentario


*
Para demostrar que eres un usuario (no un script de spam), introduce la palabra de seguridad mostrada en la imagen.
Anti-Spam Image