Ciclo de Educación Infantil

Pero entre padres y analistas surgen algunas preguntas: ¿Están reguladas estas prácticas? ¿Realmente dan más seguridad a los niños? ¿Dónde dejan la confianza que los padres depositan en los cuidadores? Lo que parece una panacea de divertimento y protección es una realidad más compleja. LA NUEVA ESPAÑA ha querido conocer cómo funciona el servicio y aplicar la visión de un experto a un problema en el que la ética, la seguridad y los derechos fundamentales se ponen en juego. Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, explica que «existe un vacío legal en un tema en el que se produce un conflicto entre derechos fundamentales». Si bien es cierto que los padres han de garantizar la seguridad de los niños, estos «tienen derecho a la intimidad, al respeto a la propia imagen y a los datos personales», asegura. En realidad, se trata de una cuestión sin regular y a la vez, cada centro, utiliza las cámaras con criterios distintos, por lo que Villaverde aboga por «un uso muy restrictivo y debidamente informado». De momento, la normativa de uso y finalidad de la videovigilancia se reduce a su uso por parte de las administraciones para la vigilancia de calles y al control y seguridad de algunas empresas, aclara Villaverde. Pero para él algo está claro: «es inadmisible el acceso general. La emisión en abierto, sin claves, es inconstitucional, viola el artículo 18, y es denunciable ante la fiscalía de menores que debería intervenir y parar tal acceso indiscriminado».

Quizá por ello, otros centros se curan en salud a través del uso de claves de seguridad: en Kid’s Land, una guardería ovetense, consideran que «no se puede controlar el riesgo de quién puede mirar al otro lado y no hay jurisprudencia al respecto, pero damos un código individual a los padres para evitar problemas y además no tenemos cámaras en baños o zonas donde los pequeños estén desnudos». Desde el punto de vista jurídico, Villaverde considera que, «aunque las claves reducen el riesgo, también se vulneran los derechos fundamentales, ya que un padre no tiene potestad sobre la imagen de los hijos de otro».

Sin embargo, Marita Gutiérrez, gerente de la guardería Papis2 de Oviedo, encuentra una manera diferente de abordar la situación. Su centro oferta el servicio pero sólo en el caso de que los padres deseen ver a su hijo puntualmente. Entonces lo sientan en una pequeña sillita ante una cámara y lo conectan a internet a través de una cuenta de Hotmail porque «quizá un padre tenga derecho a ver a su hijo, pero no a ver a los hijos de los demás», argumenta y además «nunca sabes quién está detrás». Las cámaras son para ella «una solución fría que no respeta la intimidad del niño» por lo que en su centro «la seguridad la doy teniendo las puertas abiertas todo el día. No hay más tranquilidad para los padres que saber que pueden entrar y ver a su hijo cuando quieran», comenta. Realmente, «no quieren las cámaras, prefieren venir un momento a verlos», añade. Esa es también la política de las guarderías dependientes de la Consejería de Educación que ni siquiera se plantean la incorporación de cámaras ya que transmiten tranquilidad a los padres a través de la apertura total de los centros.

Para los encargados de Kid’s Land, el uso de las cámaras está sobradamente justificado: «es un ojo vigilante para que no haya dudas sobre si un niño tiene un pequeño accidente o un golpe», consideran. Una de las madres, Beatriz Herrero, asegura que le da «tranquilidad poder ver a su hija».

Pero la pregunta surge inmediatamente: ¿Evitan las cámaras los casos de malos tratos o abusos? Ignacio Villaverde va más allá: «las cámaras pervierten la relación de confianza de los padres con el centro y eso es un dislate. Hay que reflexionar sobre el hecho de que hemos puesto a todo el mundo bajo sospecha de maltrato hasta un extremo preocupante». Además recuerda que con las grabaciones «las guarderías no se exoneran de responsabilidad». Ese es precisamente uno de los objetivos de algunos centros que ofertan a los padres grabaciones digitales de las jornadas completas para cuando no han podido seguir al niño a través de internet. Pero Villaverde insiste: «no se arregla nada poniendo en juego la imagen del menor y además se somete al cuidador a una presión tremenda». El jurista considera que «si los padres dudan de la responsabilidad del centro, deben sacar al niño, no vigilar ni demandar».

Al fin, conseguir saber desde la oficina qué estará haciendo Pedrito a golpe de clic de ratón se vuelve, al analizarlo, un asunto vidrioso. Mientras aguardamos las esperadas políticas -¿vendrán?- de conciliación laboral y familiar, la tecnología viene a rellenar algunos huecos y, a la vez, a crear dudas. Para Villaverde se trata de un caso más del «proceso de desconfianza generalizada del sistema».