Exclusión social: la Comisión da el primer paso hacia una estrategia comunitaria contra la pobreza
La Comisión ha dado hoy un paso importante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social al aprobar, por vez primera, un informe en el que analiza las políticas de integración social de los Gobiernos. Este informe refleja el compromiso de
la Comisión, de acuerdo con los objetivos de Lisboa, de impulsar la cohesión social en Europa, por el propio interés de esa cohesión pero también como factor de competitividad económica. Ahora, la Comisión y el Consejo deben llegar a un acuerdo sobre el informe, que será presentado al Consejo de Europa en diciembre de este año. En él se describe, a través de una base común de indicadores sociales, la situación actual y los retos de las políticas para erradicar la pobreza y la exclusión social en
la UE, y se documenta un amplio abanico de acciones aplicadas por los Estados miembros. El informe será el punto de partida para reforzar las políticas y los programas en el conjunto de la UE mediante una cooperación entre los Estados miembros, especialmente en forma de intercambio de buenas prácticas. Un programa de cinco años, con un presupuesto de 75 millones de euros, acordado el 18 de septiembre entre el Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión, estimulará esta cooperación.
Anna Diamantopoulou, Comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, ha declarado en la presentación del informe: «La exclusión social es un problema humano. ¿Cómo no iba a serlo cuando 60 millones de personas en la UE viven actualmente en la pobreza o bajo su amenaza? Pero es también una cuestión económica y de gobernanza. Económica porque sólo una Europa cohesionada puede aprovechar los importantes recursos de capital humano y de cualificaciones actualmente desperdiciados, y de ‘gobernanza’ porque aún predomina ampliamente la opinión de que la UE vela más por los intereses de las grandes empresas que por los de los ciudadanos de a pie. Este informe supone un paso importante porque demuestra que la UE tiene la voluntad política colectiva de actuar no sólo en el ámbito económico sino en el de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.» El informe está basado en un análisis de los «planes nacionales de acción» contra la pobreza y la exclusión social que los Estados miembros han elaborado este año por primera vez, inaugurando un procedimiento que deberán repetir cada dos años. Confirma que la lucha contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo un reto importante para la UE. El 18 % de la población de
la UE, esto es, 60 millones de personas, viven bajo la amenaza de la pobreza, y aproximadamente la mitad son pobres de larga duración. Los niños y los jóvenes, los ancianos, los desempleados y las familias monoparentales corren un riesgo de pobreza especialmente alto. La tasa de pobreza relativa —que representa a las personas que viven con ingresos inferiores al 60 % del ingreso medio nacional— varía considerablemente entre los Estados miembros y oscila entre un 8 % en Dinamarca y un 23 % en Portugal.
Factores de riesgo
En el informe se identifica una serie de factores de riesgo graves que aumentan el peligro de pobreza. Cabe mencionar los siguientes: el desempleo de larga duración; los ingresos bajos durante un periodo largo; el empleo de baja calidad; la falta de cualificaciones y el abandono escolar prematuro; las discapacidades; los problemas de salud; el abuso de drogas y alcohol; las regiones con múltiples carencias; la ausencia de hogar o la precariedad de la vivienda; la inmigración; el origen étnico y el riesgo de racismo y discriminación racial.
Nuevos riesgos
En el informe se advierte de que, aunque algunos de los principales cambios estructurales de la sociedad benefician a la mayoría de las personas, pueden entrañar nuevos riesgos de pobreza y exclusión social para grupos especialmente vulnerables si no se adoptan las medidas políticas adecuadas. Se hace alusión a los cambios del mercado de trabajo como consecuencia de la globalización y el rápido desarrollo de la sociedad basada en el conocimiento y de las tecnologías de la información y la comunicación, los cambios demográficos por el aumento de la longevidad y el descenso de la natalidad, una creciente evolución hacia la diversidad étnica, cultural y religiosa como consecuencia del incremento de las migraciones internacionales y de la movilidad dentro de la UE, los cambios en las estructuras familiares por el aumento de las separaciones familiares y la desinstitucionalización de la vida familiar, y la evolución de los roles del hombre y la mujer.
Ocho retos fundamentales
En el informe se identifican ocho retos fundamentales que la mayoría de los Estados miembros están acometiendo en mayor o menor medida. Se trata de los siguientes:
- desarrollar un mercado de trabajo integrador y promover el empleo como derecho y oportunidad para todos;
- garantizar ingresos y recursos adecuados para vivir dignamente;
- buscar soluciones a las carencias educativas;
- preservar la solidaridad familiar y proteger los derechos de los niños;
- garantizar viviendas adecuadas para todos;
- garantizar la igualdad de acceso a servicios públicos de alta calidad e invertir en ellos (en los sectores de la salud, el transporte, lo social, los cuidados, la cultura, el ocio, la justicia);
- mejorar la oferta de servicios;
- regenerar las zonas con carencias múltiples.
En el informe se indica que todos los Estados miembros han expuesto las características principales de sus políticas de acuerdo con los cuatro objetivos comunes acordados en el Consejo Europeo de Niza: facilitar el acceso a los recursos, los derechos, los bienes y los servicios; prevenir los riesgos de exclusión; ayudar a los más vulnerables; movilizar a todos los agentes pertinentes. No obstante, el trabajo de desarrollo de un planteamiento estratégico e integrado de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que incluye el establecimiento de objetivos a corto y medio plazo, varía considerablemente entre los distintos Estados miembros.
El informe aprobado por la Comisión destaca como buenos ejemplos de planteamiento estratégico los planes de acción nacionales de los Países Bajos, Dinamarca y Francia.
Indicadores
El Consejo Europeo de Niza definió objetivos adecuados en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, e instó a los Estados miembros y a la Comisión a que desarrollaran indicadores comunes. Se ha trabajado con celeridad y se prevé que antes de finales de año, a tiempo para
la Cumbre de Laeken, estará lista una primera serie de indicadores sobre integración social acordados y definidos conjuntamente.Es esencial disponer de una base común de indicadores sociales para poder evaluar los progresos realizados en este complejo campo. El trabajo que está realizando el subgrupo sobre indicadores del Comité de protección social parte de una serie de indicadores sociales utilizados en el informe de la Comisión al Consejo de Estocolmo para centrarse más concretamente en:
- La definición del concepto de pobreza de ingresos relativa, para elaborar una serie de indicadores comunes que cubran los aspectos fundamentales de pobreza monetaria, como el nivel, la persistencia, la profundidad, los cambios en el tiempo, así como los desgloses por sexo, edad, tipo de familia y ocupación.
- El aspecto pluridimensional de la pobreza, para complementar la medición basada en los ingresos con indicadores fundamentales en los ámbitos del empleo, la vivienda, la salud y la educación, áreas a las que los Estados miembros han dedicado una atención especial en sus planes nacionales de acción contra la pobreza y la exclusión social.
Ante la compleja naturaleza de los problemas y la diversidad de las prácticas y los planteamientos analíticos entre los Estados miembros, es justo reconocer que el trabajo ha progresado de manera satisfactoria. Se ha llegado ya a un consenso en torno a 14 indicadores sobre la pobreza monetaria relativa, la salud y el empleo, y se han determinado varias cuestiones en las que se trabajará de manera prioritaria.
La Comisión ha apoyado activamente el trabajo del subgrupo sobre indicadores y, en su primer proyecto de informe sobre integración social, ha utilizado indicadores que ya son objeto de un acuerdo preliminar.El informe intermedio presentado al Consejo el 8 de octubre expone los principales puntos sobre los que se ha llegado a un consenso. El informe final del subgrupo sobre indicadores será presentado al Comité de protección social el 18 de octubre de 2001. Incluirá un resumen, así como la lista de indicadores acordados en el ámbito de la pobreza y la exclusión social que será sometida a la aprobación del Consejo en diciembre, a tiempo para la Cumbre de Laeken.Se prevé implicar a otros agentes clave de la lucha contra la pobreza y la exclusión social (los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil) en el debate de los indicadores sobre integración social.
La «barrera digital»
Las tecnologías de la información y los servicios en línea ofrecen importantes recursos para superar las barreras tradicionales que excluyen a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Las nuevas tecnologías pueden servir para difundir conocimientos de manera más creativa e igual. Asimismo, permiten un acceso más rápido y fácil a los servicios públicos.
Los conocimientos en el ámbito digital constituyen una baza para aprovechar las oportunidades de empleo de la sociedad del conocimiento.En un informe reciente elaborado por los servicios de la Comisión, junto con un grupo de trabajo alto nivel, se señala una larga serie de buenas prácticas para aprovechar esas oportunidades. Pero según los datos del eurobarómetro presentados en este informe, peduran enormes diferencias en el acceso a las TIC y el conocimiento de las mismas, y la exclusión digital se resiente cada vez más como un barrera real en la vida de algunas personas.
La Comisaria Diamantopoulou ha declarado a este respecto: «Nuestro reto es doble. Por un lado, debemos aprovechar plenamente el potencial de las nuevas tecnologías para combatir y prevenir la exclusión social. Por otro, debemos garantizar que todos los europeos se benefician plenamente de las ventajas económicas y sociales que ofrece la sociedad del conocimiento. De ahí que la política de empleo y la política social sean dos elementos destacados del esfuerzo de la Unión Europea para impulsar la economía basada en el conocimiento.»
Contexto
Los artículos 136 y 137 del Tratado de Amsterdam, que entró en vigor en 1999, disponen que la lucha contra la exclusión social deberá ser uno de los objetivos de la política social de
la UE. En la Cumbre de Lisboa de 2000 se acordó adoptar medidas contundentes para erradicar la pobreza de aquí a 2010. Se acordó también que la cooperación en este ámbito debería basarse en un «método de cooperación abierto» (objetivos comunes, planes nacionales de acción, informe conjunto de la Comisión y el Consejo). En
la Cumbre de Gotemburgo de este año se animó también a los países candidatos a aprovechar la experiencia de los Estados miembros presentada en este informe conjunto.Informe sobre la integración social: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soci-incl/index.en.htmInforme e-Inclusion: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/info_soc/esdis/documents.htm