TUTORÍA DE ACOGIDA

Ocho de cada diez inmigrantes tramitan la reagrupación para traer a sus hijos, según una encuesta

Europa Press / Redacción (06/06/2008)
El Instituto Nacional de Estadísticas presenta la primera encuesta sobre la situación de la población inmigrante en España.

Ocho de cada diez personas inmigrantes viven en España separados de sus hijos, un total de 750.000 menores de 16 años que habitan en sus países de origen, y la mayoría contempla la reagrupación familiar, según el avance de datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta es la primera encuesta que realiza el INE sobre la situación de la población inmigrante en España, una radiografía del colectivo elaborada a partir de 15.500 investigaciones, que pone de manifiesto aspectos como la movilidad laboral de los extranjeros, el 38% de los cuales, al cabo de tres años en el país, han cambiado de ocupación respecto de cuando llegaron.

Así, cerca de la mitad de quienes se alistaron en las Fuerzas Armadas abandonaron después, mientras un 73% de los empleados de la construcción conservaron su trabajo. Este es el tercer sector donde más tiempo permanece una mayor proporción de las personas extranjeras que empezaron, por detrás de la Dirección de empresas y Administraciones públicas (84,3%) y los puestos de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (84,3%), expone el estudio.

Respecto a las condiciones en que residen los inmigrantes, la ENI concreta que en 2,16 millones de hogares españoles reside al menos una persona nacida en el extranjero. En algo menos de la mitad de estas viviendas sólo viven personas inmigrantes mientras que hay 1,14 millones de casas donde conviven extranjeros y autóctonos.

Aunque el 33,8% de las personas extranjeras no convive con su pareja ni con sus hijo, no viven solos: El tamaño medio de los hogares en que residen es de 3,4 miembros; cuatro de cada diez inmigrantes sin pareja ni hijos en España comparte casa con otros seis individuos y en el 35,8 por ciento de los casos, viven nueve o más personas en el mismo espacio, según la ENI.

Más del 50% de las personas inmigrantes son casadas, una de cada cuatro está casada con un español

La encuesta revela que en España hay más 2,37 millones de personas inmigrantes casadas (el 52,3% del total). De ellas, una de cada cuatro (el 26,5%) ha contraído matrimonio con un ciudadano español, el 68% está casada con alguien de su misma nacionalidad y el 12,5% no convive con su cónyuge. En el resto de la población extranjera, un 37,7 por ciento son solteros, un 7,1 son separados o divorciados y el tres por ciento ha enviudado.
Por otra parte, el estudio analiza los motivos que llevaron a estas personas a emigrar a España y concluye que el 62,7 por ciento llegaron en avión y en un 40% de los casos, lo hizo buscando una mayor calidad de vida.

Las razones familiares y la búsqueda de un empleo mejor son los dos siguientes argumentos de más peso entre el colectivo, según la encuesta, donde se especifica que el 45% de los hombres mencionan como motivo de llegada la mejora laboral y el 26% la falta de trabajo en su país de origen. De hecho, en el momento de la emigración, el 64,9 por ciento de los inmigrantes estaba trabajando.

Más información:

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Resúmen de prensa de la Encuesta Nacional de Inmigrantes

3. Se dice que hay que acabar con los procesos extraordinarios de regularización, e incluso con los procesos personalizados de regularización por arraigo. ¿Qué consecuencias tienen estos procesos? ¿Qué pasaría si prescindiéramos totalmente de ellos?

     Las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes son herramientas políticas que los Estados utilizan de manera discrecional para reordenar los flujos migratorios, dentro de sus fronteras. El caso de España ha sido especialmente significativo respecto al resto de los países que tradicionalmente han sido receptores de inmigración en Europa debidoa la frecuencia con que se ha abierto este tipo de procesos en los últimos cinco años. Hay otra vía de regularización, gradual y personalizada, que obedece almismo fin: el arraigo. Hoy se ha convertido en la vía principal de regularización para los extranjeros que puedan demostrar un mínimo de 3 años de residencia continuada en España.

    Ambas vías de regularización son acusadas, en numerosas ocasiones, de constituir “coladeros” que impiden un control razonable del proceso inmigratorioy se convierten en un estímulo a la inmigración ilegal. Y las fuerzas políticas con mayor respaldo prometen excluir su aplicación en el futuro. Se llega incluso a proponer la supresión de los mecanismos individuales de acceso al estatuto legal, como es el arraigo social.

    Las consecuencias de estos procesos pueden analizarse desde dos perspectivas:una cuantitativa, y otra cualitativa:

a) Desde un punto de vista cuantitativo, es muy importante que miles de personas puedan acceder al mercado laboral en condiciones de legalidad y de visibilidad (se calcula que aproximadamente 800.000 trabajadores extranjeros se beneficiaron del último proceso de regularización). Esto vale tanto para la Administración como para el sector empresarial, que pueden contar así con mano de obra (en ocasiones cualificada o muy cualificada) para el desarrollo de tareas en sectores donde los trabajadores nacionales no son demandantes de empleo.

b) Por otra parte, y desde un punto de vista cualitativo, el acceso en condiciones de legalidad al mercado laboral permite generar contratos laborales ajustados a la normativa que protege al trabajador en España. Al mismo tiempo, dota de seguridad jurídica a la empresa y empresarios que contratan a estos trabajadores, generando un flujo de riqueza social, que tal y como apuntan las cifras, contribuye a la elevación del PIB español, y en consecuencia, al fomento de la riqueza social en todo el mercado europeo.

    Los argumentos expuestos anteriormente avalan la necesidad de regular adecuadamente los flujos migratorios, en función de los intereses económicos privados y estatales. La necesidad de celebrar procesos extraordinarios de regularización, o de contar con mecanismos personalizados por vía de arraigo revela, de hecho, que la normativa de extranjería y su aplicación administrativa son rígidas e inadecuadas para ordenar flujos migratorios intensos y necesarios, desde el punto de vista económico. La crítica del “efecto llamada”, utilizado en el discurso político de la oposición, es simplemente falsa. El “efecto llamada” surge de un sistema económico y social que ofrece oportunidades a los inmigrantes porque ofrece oportunidades a la sociedad que depende de la inmigración –aunque diga temerla y no quererla.

2. Se dice que vamos a “escoger” el tipo de inmigrantes que necesitamos, para no “sufrir” llegadas de personas de cualquier tipo de cualificación ¿Es esta una buena política? ¿No perjudica a nadie?             

       En la sociedad española, como en los demás países ricos, se plantea la inmigración simultáneamente como necesidad y como problema. Hace quince años se la suponía problemática para el mercado de trabajo. Hoy –al menos hasta que surgió la amenaza, aún no clara, de crisis económica– se da por sentada su necesidad para cubrir puestos de trabajo en sectores laborales con poca demanda, para aumentar una capacidad contributiva y consumidora afectada por la baja natalidad, etc. Pero sigue planteándose como problema social por la prensa, los responsables políticos…incluso por quienes elaboran las encuestas de opinión. Se está lejos de considerar el derecho a la movilidad de personas que toman la durísima decisión de dejar a su familia y su tierra, forzados por las condiciones de vida, para poder tener un trabajo con el que vivir dignamente.

Planteada la inmigración como necesidad y problema, las instituciones políticas tienden a diseñar políticas de inmigración selectivas. En este sentido, llama la atención la propuesta del Comisario europeo Marco Frattini quien, en octubre de 2007, propuso facilitar la inmigración de profesionales cualificados. Se trata de cubrir nuestra carencia de médicos, enfermeras, maestros, investigadores, ingenieros, etc. A ellos, en su propuesta del pasado mes de octubre, les anima a abandonar sus países, otorgándoles derechos que se les niega a los demás emigrantes, como la obtención de autorización de trabajo –la llamada “tarjeta azul”– en tan sólo 30días, concesión automática de permiso de trabajo también para su consorte, sueldos garantizados y el libre desplazamiento por todos los países europeos. Es decir, quienes vivimos en países ricos y necesitamos profesionales cualificados –que no hemos sabido o podido formar aquí– para seguir aumentandonuestra opulencia, escogemos en el mercado globalizado de personas a los que más nos interesan (como se hacía en el pasado en el mercado de esclavos).Aunque ello sea a costa de aumentar la miseria de los países pobres, dado que les quitamos personas a las que han formado dedicando un elevado porcentaje de los pocos recursos de que disponen, y con ellos se van de sus países las esperanzas de un futuro mejor para sus habitantes. Esta actitud es hipócrita. Nos lamentamos de lo mal que están “esos pobres” del Tercer Mundo, incapaces por sí solos de salir adelante, y por eso les mandamos algo de dinero y cooperantes para cubrir sus necesidades. Pero les queremos pagar poco por sus productos, les exigimos altos intereses por lo que les prestamos y, encima ahora, les queremos quitar sus recursos humanos más preparados. Lo más grave es que se deja a las sociedades con menos recursos la carga económica y social de formar a sus profesionales, y aprovechamos el producto final sin compensación alguna para ellas. Y encima pagamos a los profesionales foráneos unos salarios más bajos que a los autóctonos (los médicos y enfermeras procedentes de Ghana han ahorrado a los británicos 103 millones de libras, por ejemplo).Esta política constituye un verdadero expolio. Con la propuesta de “tarjeta azul” aumentaría la sangría que ya se viene produciendo. Según la OCDE el 34,6 % de los emigrantes tiene estudios superiores. La situación de África es especialmente sangrante, dado que en el conjunto de su población sólo hay un3% de licenciados, pero de éstos emigra el 42%. Según Intermón-Oxfam, se han ido de Ghana el 60 % de sus médicos. La Organización Internacional de Migraciones pone de manifiesto una tendencia negativa: si en el período 1975-1984 se fueron de África 40.000 cualificados, a partir de los años 90 sevan 20.000 cada año. Según el Banco Mundial, de países como Cabo Verde, Gambia o Sierra Leona han emigrado el50 % de sus licenciados; en Malawi, según la Organización Mundial de la Salud, sólo quedan el 5 % de los médicos que necesitan.

Estas consideraciones previas plantean un dilema. No podemos ni debemos impedir a los licenciados de estos países su libertad de movimiento (como a ninguna otra persona), pero sí podemos dejar de incentivar que personas cualificadas abandonen su país. Más bien hemos de hacer lo contrario: llevar a cabo proyectos de cooperación internacional para que estas personas altamente cualificadas tengan sueldos y oportunidades adecuados para quedarse allí y, además, por cada uno de ellos que finalmente emigre, compensar a sus países económicamente. En todo caso, debemos oponernos a la propuesta del Comisario europeo, pendiente aún deser refrendada por todos los Estados miembros de la UE.

Un artículo del periódico L´Observateur, ,(“Plaga de Burkina Faso”) decía:“el continente negro ve partir al mismo tiempo a sus brazos válidos en barcas de alto riesgo, y a sus hijos más valiosos a causa de leyes que les incitan a emigrar. Para África, que está en la cola, son combatientes valerosos perdidos para el desarrollo. Y no sabe cómo parar esta hemorragia devastadora”.

En resumen, las políticas migratorias basadas en la selección de migrantes cualificados perjudican a los países que han soportado la carga de la educación y que se verán privados de la aportación social de profesionales competentes. Unas políticas migratorias selectivas, para ser justas, deben compensar esos gastos de educación y fomentar la aportación de los profesionales migrantes a sus países de origen. Y requieren el complemento de políticas de cooperación que fomenten el ejercicio profesional de la población cualificada en sus propios países 

Partimos de un prejuicio generalizado: existe una “sociedad de acogida” y una “población inmigrante”, perfectamente distintas y diferenciadas. Esta distinción tiene cada día menos sentido, en beneficio de una noción de ciudadanía común. Y sin embargo, cuando se acercan unas elecciones generales ,la separación entre nacionales extranjeros/as recobra su vigencia y su fuerza. Lo que preocupa a la población con derecho a voto, para elegir diputados y senadores a Cortes Generales, no coincide con lo que angustia a la población inmigrante en vías de regularización, o a la que tiene pendiente el logro de la autorización de residencia permanente, o la nacionalidad española. Pero, conforme pasa el tiempo, cada vez más personas que emigraron en su día hacia España se están incorporando al censo ciudadano, con plenos derechos políticos.

Queremos, pues, entablar un diálogo con ese sector de la ciudadanía con derecho a voto, para hacernos cargo de lo que les preocupa y discernir así las cuestiones legítimas de los tópicos consagrados por el uso y la propaganda. Queremos acertar en las preguntas y ayudar a encontrar respuestas. Queremos aportar razones y argumentos para ofrecerlos a quienes lean este cuaderno y demás personas con quienes nuestros lectores puedan compartir su reflexión.Se dice… puede ser la expresión más apropiada para indicar el tópico, el lugar común. Ideas gastadas por el uso, asumidas con apresuramiento, sin examen atento. Ideas contaminadas o manipuladas por la propaganda, por el uso ideológico , impregnadas de temores y miedos. Ideas que, en ocasiones, responden a preocupaciones legítimas y, por eso, necesitan ser discernidas. Ideas que fijan y reducen la comprensión de la realidad y necesitan ampliar horizontes o añadir perspectivas. Hemos seleccionado catorce tópicos de donde se siguen otras tantas cuestiones Trataremos de responderlas con la brevedad necesaria para que nos ayuden a pensar y hacer el tránsito de la propaganda a la realidad.

1. TÓPICOS Y REALIDADES SOBRE INMIGRACIÓN

1. Se dice que la avalancha de inmigrantes es imparable, y se dice también que necesitamos cientos de miles de inmigrantes para sostener nuestro sistema económico y social. ¿A qué debemos atenernos?

Algunos medios de comunicación y algunos responsables políticos han ido construyendo la imagen de la inmigración como una “invasión no deseada” de personas procedentes de otros países. En consecuencia, se imponen unas políticas muy rígidas que podrían expresarse así:

– Si la causa de su llegada depende de la mera voluntad de las personas migrantes, actuales o potenciales, su aceptación debe ser tratada exclusivamente“ de fronteras hacia adentro”, esto es, por el impacto real o supuesto que tienen en las sociedades receptoras.

– Los países receptores han de evitar el “efecto llamada”, vinculado exclusivamente a las políticas de regularización administrativa de las personas migrantes.

– Las políticas “de inmigración” deben centrarse en el control de fronteras, en las medidas “disuasorias” (legislación restrictiva en el acceso a la regularidad y lesiva de los derechos del inmigrante), y en fomentar políticas de retorno.

– Las políticas “de integración” se plantean exclusivamente para las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa regular. Deberán exigir “asimilación”; y estar condicionadas a la “normalidad” social y económica, a la “buena convivencia” y a la ausencia de todo acto “delictivo”.

– La no aceptación de este “contrato” justificaría las políticas de expulsión o repatriación, los Centros de Internamiento para Extranjeros, y la “criminalización” de las personas migrantes  indocumentadas, cuya única falta –no “delito”– es carecer de un permiso de residencia en vigor.

Pero todo este razonamiento resulta una visión simplificada y errónea de una realidad mucho más compleja y positiva. La cuestión de las migraciones concretas y de los movimientos migratorios actuales se puede resumir del siguiente modo:

– Los emigrantes se van de sus países porque no tienen alternativa y vienen a los países desarrollados porque aquí les necesitamos.

– Las sociedades receptoras necesitamos que sigan viniendo y, además, que vengan para quedarse.

– Supuesto este doble “efecto expulsión”(push) y “efecto llamada”(pull), hay una necesidad urgente de sustituir las políticas basadas, sólo o principalmente, en el control de flujos, por otras políticas de integración; y hay otra necesidad de construir un proyecto de sociedad común e incluyente.

 La clave para comprender adecuadamente en qué consisten el “efecto expulsión” y el “efecto llamada”, y su complementariedad, es la enorme desigualdad internacional. Las condiciones de vida reales y cotidianas de la mayor parte de la humanidad todavía no permiten un desarrollo humano ni siquiera mínimamente aceptable. El subdesarrollo tiene causas concretas cuyo origen hay que buscar, en muchas ocasiones, sino en todas, en los países enriquecidos y empobrecedores del Norte desarrollado. En este sentido, nuestros “países desarrollados” son los auténticos causantes del efecto expulsión que da lugar a los actuales movimientos migratorios. Al empobrecimiento del Sur corresponde el enriquecimiento del Norte, y este abismo de la desigualdad –o dos caras de una sola realidad – configura el escenario en el que las migraciones surgen como estrategia de desarrollo personal y familiar. La mera cuestión del nacimiento(familia, ubicación geográfica ,etc.) no puede justificar por sí sola el acceso-exclusión al desarrollo humano de cada persona concreta. Dada la insuficiencia de una cooperación para el desarrollo y la negativa de los países del Norte a promover eficazmente el desarrollo del Sur, los movimientos migratorios se convierten así enuna restitución que tiene su origen enuna rebelión silenciosa y pacífica antela desigualdad y el subdesarrollo impuestos. El auténtico “efecto llamada” no lo provocan unas regularizaciones administrativas, sino los elementos de bienestar que caracterizan las condiciones de vida reales de una parte de la población de los países desarrollados.  Incluso aunque la desigualdad internacional fuera menor, los países desarrollados seguirían necesitando de la llegada de personas extranjeras debido al envejecimiento ,estancamiento e incluso disminución de su población autóctona.La entrada de personas extranjeras es ya una condición de posibilidad para mantener y aumentar los niveles de bienestar alcanzados en las sociedades desarrolladas. Sin estas personas extranjeras, hombres y mujeres, nuestro bienestar no es posible. De esta forma, y por una necesidad primero demográfica, pero también económica y social, habremos de pasar de las restricciones para la entrada a la competencia entre los diversos países desarrollados para captar “nuevos ciudadanos”.

En resumen, los discursos que suscitan temor a flujos migratorios imparables y que justifican la necesidad socioeconómica de la inmigración son compatibles, y nacen de una raíz común: el interés unilateral de los países desarrollados. Los factores de expulsión y atracción que fundan los movimientos migratorios sólo se pueden comprender teniendo en cuenta las desigualdades internacionales. Y las políticas migratorias ,desde ahí, tienen que concebirse como compensación de las desigualdades y gestión de beneficios socio económicos y culturales conjuntos para las sociedades de origen y de destino. 

Ignacio Sotelo

DOMINGO - 16-06-2002 LOS SECTORES SOCIALES que tienen que competir con los salarios del Tercer Mundo, o con los inmigrantes que de allí vienen, no pueden entender que su número, cerca de 20 millones en la UE, se iguale al de desempleados. A un paro que no logra descender de los nacionales que reclaman un determinado nivel de salario, así como ciertas condiciones en el puesto de trabajo, corresponde una inmigración en rápido aumento que probablemente en más de dos tercios trabaja en la economía sumergida.

El hecho que revela la inmigración creciente es que en la Europa posindustrial avanzada subsiste una economía sumergida, con baja productividad y más bajos salarios, que depende de la llegada continua de inmigrantes. Estamos ante una sociedad dual, basada en dos economías, una formalizada, que exige a los que ocupa una alta cualificación y que de hecho está reservada a los nacionales, y una economía sumergida de servicios simples (doméstico, hostelería), o de producción sin demasiada tecnología, en la que se refugia el inmigrante. La economía sumergida, ciertamente, llama al inmigrante ilegal, pero la baja natalidad lo hace a la larga imprescindible. Con 1,25 hijos por mujer, los 80 millones de alemanes serán 50 en 2050, lo que hasta sería una buena noticia -la densidad de población es ya muy alta y con la tecnología de que disponemos se necesitará cada vez menos gente para vivir mejor- si no fuera porque la pirámide de población, al dominar los mayores de 65 años, lo hace inviable. La única alternativa a la inmigración es doblar el índice de natalidad -’más niños y menos extranjeros’, reza la consigna lanzada por los conservadores-, pero parece que autonomía y bienestar de la mujer restringen su fertilidad. Los líderes europeos saben que no hay otra opción que tratar de regular el flujo migratorio, pero no es empresa fácil. La medida más elemental sería ayudar al desarrollo de los países que expulsan mayor cantidad de emigrantes, pero, dados los altísimos índices de natalidad, a mediano plazo parece poco operativo. De inmediato no cabe más que controlar mejor las fronteras, incluyendo su vigilancia en una política comunitaria, tomar medidas económicas contra los países que dejen salir clandestinamente a sus ciudadanos y perseguir con mayor eficacia a las mafias que viven del traslado ilegal de trabajadores. Se comprende que la medida más eficaz, la eliminación progresiva de la economía sumergida, ni siquiera se plantee. Una política en este sentido pondría de relieve los muchos y variopintos intereses vinculados a este sector, que reaccionaría vigorosamente. En fin, parece la salida más racional establecer cuotas de inmigración y seleccionar en el país de origen a los trabajadores que se contrate. En nuestro caso, con la ventaja de que podríamos favorecer la inmigración latinoamericana, pueblos con los que compartimos mucho más que la lengua. Aunque esta política pudiera chocar con la incapacidad de los Estados, al menos de algunos Estados, para llevar esta tarea con diligencia y eficacia, el escollo principal es que la economía sumergida no dejaría de abastecerse, como hasta ahora, de la inmigración ilegal. ¿O imaginan que una empresa oficialmente inexistente pueda pedir al Estado inmigrantes para su actividad sumergida?

El perfil del inmigrante asturiano es el de una mujer iberoamericana joven que trabaja en el servicio doméstico

CC OO asegura que la prostitución se ejerce a menudo amparada en los sectores del hogar y la hostelería El 95% de los extranjeros tienen entre 20 y 49 años y proceden en su mayor parte de Ecuador y Colombia

    Una mujer joven, iberoamericana, que trabaja oficialmente en el servicio doméstico en Oviedo sería la descripción del emigrante tipo que escoge Asturias para intentar encauzar su vida. Ese perfil, al menos, es el que se desprende del contacto diario que Comisiones Obreras, a través del Centro de Información para Trabajadores Emigrantes, mantiene con el colectivo de extranjeros, cada vez más numeroso, que busca permisos de trabajo, de residencia, de reagrupación familiar o simplemente información sobre los pasos a dar para imbricarse en la región. «A lo largo de 2006 hemos abierto 2.479 expedientes, pero hemos atendido 15.800 llamadas telefónicas», explica, a modo de justificación de los datos proporcionados, Juan José Palacios, responsable de Centro de Información para Trabajadores Emigrantes (CITE).

      De todos esos contactos y gestiones se deriva que de los 2.479 expedientes, el 61,8%, concretamente 1.533, son de mujeres y el 38,2%, numéricamente 946, de hombres. Pero también que la franja de edad que más se repite es la incluida entre los 20 y los 34 años, que afecta a 1.218 inmigrantes. «Es significativo, como también lo es que entre 35 y 49 años tengamos registrados 817, lo que retrata una población inmigrante fundamentalmente joven, de la que un 95% tiene edades comprendidas entre los 20 y los 49 años», explica Juan José Palacios. Y en el extremo inferior de la tabla, los mayores de 64 años, solamente 25, seguidos de los 30 niños de hasta nueve años y los 61 adolescentes hasta los 19 años.

     La procedencia es abrumadoramente hispanoamericana, pero frente a otros puntos de España en que otras presencias, como la de argentinos, es dominante, aquí la nacionalidad que más se repite sigue siendo la ecuatoriana, 806 demandantes en un año, seguida ya muy de lejos por los 380 colombianos, los 270 españoles, 138 marroquíes, los 115 dominicanos y los 105 brasileños.
Cuando el CITE habla de españoles no se refiere tanto a inmigrantes nacionales, como a «aquellas consultas realizadas por personas ya nacionalizadas españolas que desean tramitar el acceso a la residencia comunitaria de sus familiares, toda vez que la ley les permite hacerlo una vez que hayan superado los dos años de residencia», afirma Palacios. Detrás, ya quedan las nacionalidades que no llegan al centenar: Rumanía y Paraguay, con 75, seguidas de Venezuela (72), Senegal (71), Argentina (60), Ucrania (45), Perú (37) Bolivia (35), Portugal (30), Uruguay (27), Cuba (24), Bulgaria (20) y Chile (11).

La puerta de entrada

     El hecho de que el mercado de la demanda esté dominado por la mujer responde, a buen seguro, a que el sector más asequible para obtener cobertura legal es el del servicio doméstico, que con 867 demandas, se lleva el 34,9% de la tarta laboral. Detrás le sigue la construcción, con 202; la hostelería, con 193, otro tipo de servicios, con 147; la agricultura, con 72; el comercio, con 32, y la industria, al cabo en una región industrial, con 13. En este sentido, la secretaria de Política Social de Comisiones Obreras, Ángeles Alegre, advirtió que los datos relativos al servicio doméstico podían no estar ajustados a la realidad. «En Asturias, el servicio doméstico es la principal actividad para la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo y constituye una vía fácil, como la hostelería, para que actividades, como la prostitución, encuentren cobertura legal».

      Y todo ello concentrado en la zona central de Asturias. Porque Oviedo, ciudad de servicios, concentra el mayor número de expedientes registrados, 1.506, a años luz de distancia de Gijón, con sólo 311 y de Avilés, con 152. La cuenca del Nalón (116), la del Caudal, Siero (82) y Llanes (45), completan el mapa regional, que, poco a poco, se va poblando de otras culturas diferentes