El martes día 3 de noviembre a las 19´30 horas se celebrará en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón (calle Jovellanos, 21) la presentación del libro Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato, publicado por Zahorí Ediciones.
FERNÁNDEZ RIERA, Macrino: Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato. Zahorí Ediciones, Asturias: 2009 - ISBN: 978-84-937459-1-2 - Medidas: 23 x 15 - Páginas: 484- P.V.P.: 25 €
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ÍNDICE
Introducción
1. Españolita que vienes al mundo te guarde Dios…
2. Literatura y propaganda
3. Esposa te doy, que no esclava
4. Del crecimiento de las ciudades y el alejamiento de la Naturaleza
5. Santa corona de domésticas virtudes
6. Amor a la patria
7. Católicos, librepensadores y masones
8. El campo de confrontación
9. …una de las dos Españas ha de helarte el corazón
INTRODUCCIÓN
I
El primer día de noviembre del año 1850 ve por primera vez la luz Rosario de Acuña y Villanueva, una nueva madrileña nacida en la acomodada posición que confiere el hecho de ser nieta de un eminente médico y naturalista, por parte materna, y de un hijo del X Señor de la Torre de Valenzuela, una de las ramas con las que la familia Acuña ejercía el señorío en buena parte de las tierras de Jaén, por la paterna. Su condición de hija única y de enferma precoz, pues desde muy niña padeció una afección ocular que le negaba la visión durante largos periodos de tiempo, le permitió seguir una educación muy personalizada, bastante diferente a la que por entonces recibían las niñas de su edad. Así, de la mano de su padre fue conociendo la historia y la literatura; de la de sus abuelos, las ciencias naturales; de su madre, el calor del hogar; y de la Naturaleza, todo lo demás. Fueron, en efecto, muchas las temporadas pasadas en las propiedades que poseía su abuelo en Jaén donde, cuando sus ojos se lo permitían, se dedicaba a contemplar el comportamiento de todos los seres, animales y racionales, que poblaban aquellas tierras; varios fueron los viajes que realizó, con sus padres primero y sola más tarde, por las tierras de España y por las de Francia e Italia. Todo ello completado con buenas lecturas, afamadas representaciones dramáticas y los mejores conciertos.
La única hija de aquella familia acomodada muestra pronto inquietudes literarias que la llevarán a publicar sus primeros poemas al poco de cumplir los veinte años. Estimulada por el cariñoso aliento de los más próximos y dado que parece que no se la da mal el arte de la rima, se atreve a acometer una obra de mayor complejidad: en 1875 se estrena su drama Rienzi el tribuno, que obtiene el aplauso del público, la aprobación de la crítica y los parabienes de renombrados escritores del momento, como Núñez de Arce, Campoamor, Alarcón, Echegaray y algunos otros integrantes del Parnaso nacional. No acaba ahí la cosa, pues alentada por las alabanzas recibidas, decide publicar Ecos del alma, un volumen con algunos de sus primeros poemas. Antes de terminar el año, próspero año, va a contraer matrimonio con un oficial del ejército. Aquella joven de buena cuna, que por entonces cuenta con veinticinco años de edad, parece que tiene por delante una vida llena de prometedoras venturas. Mas, poco tiempo después algo se tuerce en su camino: su matrimonio se rompe por causas que no conocemos del todo, aunque algunos achacan a la infidelidad del militar, y la joven escritora decide alejarse de la gran ciudad, a la que cree fuente de vanidades, envidias y futilidades insanas. Se instala en una quinta campestre situada en una pequeña población al sur de Madrid y allí, atendida por familiar servidumbre y rodeada de sus animales y plantas, medita, estudia y escribe. Poco tiempo después, recibe otro gran mazazo: la muerte de su querido padre. Han pasado apenas unos años desde el venturoso 1875, pero todo parece haber cambiado: su matrimonio se ha roto apenas iniciado y su amadísimo padre, todavía joven, se ha ido para siempre. Los que siguen son tiempos de hondas meditaciones y de sosegado disfrute de las bondades de la naturaleza cultivada en la que vive; de lecturas, reflexiones y entusiasmados artículos en los que cuenta a sus lectoras las bondades de la vida en el campo, lejos de la enfermiza ciudad. Así las cosas, tras meses de profundas meditaciones, decide hacer pública su voluntad de adherirse a las huestes que defienden la causa del librepensamiento; y así lo hace saber por medio de una carta que se publica en la primera página del semanario Las Dominicales del Libre Pensamiento en el mes de diciembre de 1884. Apenas un año después, se celebra en Alicante la ceremonia ritual que la convierte en integrante de la Masonería.
Es consciente de que ha cruzado a la otra orilla y que el camino emprendido le podía arrostrar no solo el sarcasmo y la sátira, sino también la hostilidad de la gente de orden, de los que «tienen grandes influencias en mi patria». El asunto tampoco es que fuera baladí: la chica de los Acuña, aquella que tanto prometía como poeta y dramaturga; que ya había publicado varios poemarios (La vuelta de una golondrina, Ecos del alma, En las orillas del mar, Morirse a tiempo), tres dramas (Rienzi el tribuno, Amor a la patria y Tribunales de venganza), así como numerosos artículos en diversos periódicos y revistas del país, algunos de los cuales habían sido incluidos en sus libros Tiempo perdido y La Siesta; la que tan buena pareja hacía con el joven y encantador militar, convertido por entonces en un alto funcionario del Ministerio de Fomento; la que se había convertido en cuñada de un joven diputado que a su antigua amistad con Bécquer añadía ahora un prometedor futuro en el mundo de la política, a la sombra del mismísimo Romero Robledo; la sobrina del cesante gobernador civil de Castellón y de otros tíos que ocupaban altos cargos en las instituciones civiles y eclesiásticas… aquella jovencita se había hecho librepensadora y masona. ¡Por Dios!Desde ese momento, mediada la década de los ochenta del décimo noveno siglo y cuando ella camina hacia la segunda mitad de la treintena, su vida se desarrolla por entero al otro lado, en la primera línea de los que en aquel país, en el cual la jerarquía católica se encarga de velar por la pureza ideológica de la educación y por la moralidad de sus moradores, luchan en defensa de la libertad de pensar y de creer. Desde entonces, aplaudida por los suyos y vituperada por los otros, su pluma abandona los cómodos renglones que ha surcado hasta entonces para convertirse en eficaz instrumento de la buena nueva: la pictórica poeta y viril dramaturga se transforma en afanosa publicista. Militante convencida de la causa del librepensamiento, colaborará en cuantas publicaciones comprometidas con la nueva causa requirieran sus palabras, enviando todo tipo de escritos a cuantas asociaciones estuvieran empeñadas en romper el monopolio de la verdad institucionalizada, participando en cuantos actos se organicen para reclamar la entrada de luz, más luz, y aire renovado en el solar patrio.
El Padre Juan, su cuarto estreno teatral, refleja perfectamente la nueva situación, pues es un buen ejemplo del valor instrumental que por entonces asigna a su pluma. En esta obra pone sus ya contrastados conocimientos dramáticos al servicio de la causa que defiende, en apoyo de la libertad de pensamiento. Su voluntad propagandística se hace evidente en el mismo planteamiento maniqueo de la obra, al contraponer la juvenil voluntad regeneradora del librepensamiento con la envidia y el odio generados por años de dominio del viejo clericalismo, detentador del poder político e ideológico. El argumento del drama hace más fácil la transmisión de la idea: en una aldea situada en el rincón más recóndito de Asturias, Ramón de Monforte e Isabel de Morgoviejo deciden casarse civilmente y promover un ambicioso programa de reformas sociales en aquella pequeña comunidad que se halla controlada por el padre Juan. Las ideas de los jóvenes chocan con la insania de sus convecinos, corrompidos durante años por el perverso magisterio del párroco. El drama concluye con el asesinato de Ramón, que resulta ser hijo ilegítimo del sacerdote. Como puede deducirse de la trama aquí avanzada, se trata de una obra publicitaria que solo tiene sentido en el contexto de la batalla ideológica que en España se está dirimiendo por entonces, y que aun habrá de mantenerse durante varias décadas más. El efecto provocado por el estreno también debe explicarse en el mismo contexto de pugna ideológica: esta primera representación se convierte inopinadamente en la última, pues el gobernador civil, cediendo a las presiones recibidas esa misma noche, prohíbe que la obra continúe en cartel. La disputa ideológica continuará durante los días siguientes en la prensa. Rosario de Acuña debe de asumir a su costa las pérdidas económicas causadas por la suspensión, pues ella misma había emprendido aquel proyecto como empresaria, al no haber quien estuviera dispuesto a asumir el riesgo del estreno de tan polémica obra.
Estamos en 1891 y el camino que ha emprendido nuestra escritora unos años antes parece no tener retorno posible; antes bien, con el tiempo parece alejarse más y más de su orilla natal. Cada acción que emprende la involucra más en aquella pugna ideológica que parece no tener fin. Así las cosas, decide poner tierra de por medio, instalándose en una pequeña localidad de Cantabria, en la cual pondrá en marcha una modesta industria avícola y donde vivirá en compañía de un joven con el que permanecerá hasta su muerte. Lo dicho: librepensadora, masona, burguesa convertida en granjera… y ¡amancebada! Cada año que pasa está más lejos de lo que defienden quienes configuran lo que un día fue su grupo social, del cual solo recibe improperios y desprecios, cuando no agresiones y querellas. Por el contrario, las heridas de la batalla van forjando en ella un sentimiento de fraternal solidaridad con los que, como en su caso, se rebelan contra los convencionalismos y las injusticias de una sociedad instalada en la apariencia y la hipocresía.
En la última etapa de su vida, la que transcurre en Gijón desde 1909 hasta su muerte en 1923, su implicación en la defensa de los más desfavorecidos, se hace mucho más evidente, involucrándose activamente en diversas campañas destinadas a socorrer a los más débiles. La burguesa ilustrada, que defiende la libertad de pensamiento como un instrumento para luchar contra el clericalismo reinante y que ansía ver, tras la victoria sobre la ceguera y la cerrazón, cómo se inicia la regeneración de la savia putrefacta que alimenta la patria, parece tener muy presente que mientras esa victoria llega es preciso echar una mano a quienes son víctimas de tan injusta sociedad. Instalada en su apartada casa situada sobre un acantilado de la costa gijonesa, a pesar de los años de lucha que ya lleva a cuestas y de las heridas recibidas, aún habrá de enrolarse en nuevas refriegas, algunas cruentas, como aquella que, por defender el derecho de las mujeres a realizar estudios universitarios, la llevó a exiliarse en Portugal durante más de dos años: no basta con defender la libertad de pensamiento, es preciso involucrarse también en la lucha cotidiana, en el campo de las acciones, participando en manifestaciones por las calles gijonesas en apoyo a la Ley del Candado, asistiendo a los mítines de Melquíades Álvarez, líder del Partido Reformista, o al que se celebra en Madrid en 1917, en apoyo de los países aliados que combatían en la Primera Guerra Mundial. Se encuentra cómoda con la coalición entre reformistas y socialistas que preparó la huelga general de ese mismo año y que ella misma alentó, razón por la cual su casa fue objeto, en dos ocasiones diferentes, de un minucioso registro por las fuerzas policiales durante el verano. También estará al lado de los presos anarquistas acusados de atentar contra un miembro de la patronal, de los pescadores que, desasistidos de cualquier medida preventiva, ponen cada día en peligro su vida frente a los embates del bravío mar Cantábrico, de los humildes trabajadores que son tentados en el lecho mortal por la interesada caridad de quienes pretenden anotar en su cuenta la salvación de una nueva alma… No es de extrañar que el día de su entierro, al lado de republicanos, reformistas y masones, se arremolinaran ante su casa multitud de gijoneses, integrantes del pueblo llano, del que vive, como ella ha vivido en los últimos tiempos, del trabajo de sus manos, los cuales, agradecidos, transportaron a hombros su féretro durante varios kilómetros por las calles de la ciudad hasta depositarlo en el cementerio civil…
II
Procede decir ahora que el concordato al que se refiere el título de esta obra es el celebrado en el año 1851 entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y Su Majestad Católica Doña Isabel II Reina de las Españas, un acuerdo que contribuirá a mejorar las deterioradas relaciones existentes entre los liberales y la jerarquía católica, enfrentados desde tiempo atrás acerca del papel que habría de desempeñar la Iglesia, defensora ardiente del Antiguo Régimen, en el nuevo orden institucional que se estaba configurando. En efecto, a raíz de la muerte de Fernando VII se había abierto una profunda brecha entre el clero y el nuevo poder político, que el proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos puesto en marcha por los primeros gobiernos liberales no hizo más que agrandar. No obstante, a finales de la década siguiente la situación ha cambiado, pues la necesidad de legitimación de la monarquía isabelina frente a las pretensiones carlistas y el temor al contagio revolucionario que había conmocionado a las cortes europeas en 1848 propician cierto acercamiento entre las partes en litigio que dará como resultado la firma del Concordato, con lo cual la Iglesia española, a pesar de haber apoyado abiertamente a quienes seguían aferrándose a la tradición y el absolutismo, conseguirá poner un pie dentro del entramado instaurado por el nuevo Estado liberal, recuperando, en gran medida, su privilegiada situación anterior, lo cual le habrá de conferir, de nuevo, una creciente influencia social en la España decimonónica.
Sin embargo, no tardará en aflorar la semilla de la contradicción que se hallaba atollada en el articulado del acuerdo, cual es el reconocimiento del carácter hegemónico de la religión católica, apostólica y romana en un estado pretendidamente liberal. La confesionalidad de las instituciones casa bien en una sociedad teocrática, pero no soporta los nuevos aires que enaltecen la libertad individual. Una cosa va a ser, por tanto, el texto del Concordato y otra muy distinta la posición que adopten los españoles ante aquel extraño maridaje que configura un estado liberal, al tiempo que confesional: la gran mayoría de los católicos, a cuya cabeza se sitúa buena parte del clero rural, se opondrá tenazmente a todo cuanto proceda del maléfico liberalismo, acusado de errático por el propio Pío IX; por otra parte, no faltarán liberales que se obstinen en la defensa de los principios de libertad que les inspiran, postulando que todas las confesiones religiosas tengan cabida en el nuevo Estado, objetivo que al fin verán cumplido cuando el artículo 21 de la Constituciónde 1869 garantice la práctica de cualquier culto religioso.
La ruptura de la unidad religiosa de la Nación española va a movilizar a buena parte de la sociedad que se manifestará contra el precepto constitucional, intensificando el proceso de acercamiento entre los sectores confesionales y el ala conservadora del liberalismo que había auspiciado la firma del Concordato, lo cual favorecerá la aparición de un sustrato ideológico-estratégico que favorecerá el desarrollo de una mentalidad católico-conservadora en una parte importante de la población. Al mismo tiempo, como si de una necesidad ineludible se tratara, junto a ella se habrá de configurar otra, de tipo secularizador y progresista, opuesta por completo a aquella, que irá engrosando sus filas de adeptos con las sucesivas incorporaciones de todos cuantos se sienten al margen de la estructura social dominante. Ambas cosmovisiones, en una dinámica dialéctica imparable, llegarán a confrontar su tesis en todos los órdenes de la vida y con todos los medios a su alcance, incluida, andando el tiempo, la lucha armada. A un lado de la gruesa línea que el miedo de unos y la desesperación de otros terminará trazando entre los españoles, se habrán de situar quienes consideran que es imprescindible otorgar plenos poderes a la Iglesia dentro de la estructura del Estado para que ésta pueda ejercer el control de la moralidad colectiva y servir así de garante de la estabilidad social precisa para el crecimiento del nuevo orden burgués; en el otro convergerán todos los que se dan de bruces contra la poderosa alianza política-religiosa que está surgiendo y no encajan en aquella sociedad que sacraliza el orden y las buenas costumbres o, mejor dicho, su visión del orden y las buenas costumbres; allí estarán quienes profesan una religión distinta de la católica, los masones, los librepensadores, los anarquistas, los socialistas, los republicanos…
El acuerdo alcanzado con el Vaticano va a permitir que se pudieran restañar algunas de las heridas producidas en las relaciones Iglesia-Estado con ocasión de las medidas desamortizadoras tomadas en los años treinta por los primeros gobiernos liberales. La secular simbiosis establecida entre Monarquía e Iglesia, que tan buenos resultados deparó a ambas instituciones en el Antiguo Régimen, se vio entonces dañada por el entusiasmo doctrinario de algunos liberales progresistas que, aprovechando la existencia de una coyuntura favorable, se decidieron a promulgar una legislación desamortizadora que pretendía la puesta en circulación de una ingente cantidad de propiedades rurales y urbanas, las cuales, por hallarse en manos muertas, quedaban fuera del mercado y de las leyes que rigen el mismo. Los padres de aquella revolución liberal, que se abría paso lentamente al son de conspiraciones, motines y levantamientos, habían diagnosticado los males de la agricultura patria varias décadas atrás. Así, por ejemplo, El Informe sobre la Ley Agraria, que Jovellanos elaborara para la Sociedad Económica de Madrid en 1794, ya resaltaba que la carestía de los terrenos era uno de los principales “estorbos” que impedían el progreso de esta principal actividad económica. En su opinión, la causa primordial del elevado precio que alcanzan las propiedades es deudora de la escasez de oferta de las tierras de labor, consecuencia de “la enorme cantidad de ellas que está amortizada”, encadenada a la perpetua posesión de cuerpos y familias por efecto de las leyes que han venido favoreciendo la amortización, en un proceso de acumulación indefinida que excluye al resto de la población de la posibilidad de obtener las riquezas que su explotación racional depararía. Esta anómala situación merma la capacidad de crecimiento en el sector, por cuanto a los por entonces tenedores de las tierras les faltaría la iniciativa y el empuje necesarios para obtener el máximo rendimiento de aquellos capitales. En el citado Informe, Jovellanos, al analizar el papel que desempeñan en la economía nacional los bienes raíces en manos de la Iglesia, apunta una posible, aunque inesperable, solución: la enajenación voluntaria por parte del clero de tales bienes, con lo cual su producción pasaría a estar regulada por las leyes de eficiencia del mercado:
La Sociedad, Señor, penetrada de respeto y confianza en la sabiduría y virtud de nuestro clero, está tan lejos de temer que le sea repugnante la ley de amortización que, antes bien, cree que si su majestad se dignase de encargar a los reverendos prelados de las iglesias que promoviesen por sí mismos la enajenación de sus propiedades territoriales para volverlas a las manos del pueblo, bien fuese vendiéndolas y convirtiendo su producto en imposiciones de censos o en fondos públicos, o bien dándolas en foros o en enfiteusis perpetuos y libres de laumedio, correrían ansiosos a hacer este servicio a la patria con el mismo celo y generosidad con que la han socorrido siempre en todos sus apuros.
Como quiera que en los años siguientes, los reverendos prelados no promovieran por sí mismos la enajenación de las propiedades que se hallaban en sus manos, habrán de ser los diferentes gobiernos progresistas quienes tomen la iniciativa, poniendo en marcha a partir de 1834 un largo proceso de desamortización, el cual, fiel al proyecto liberal, pretende situar en el mercado la ingente riqueza agrícola del país que hasta entonces había estado insuficientemente aprovechada. En todo caso, la medida no obedece solo a un asunto de principios, de doctrina, sino que, como señala Germán Rueda (1986: 15), se justifica también por otras razones, de carácter más coyuntural tales como la necesidad de conseguir fondos para paliar el déficit del Estado, derivado, entre otras causas, de la guerra contra los partidarios del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón; el deseo de crear una masa de propietarios defensores de la causa liberal; o el interés en aminorar la influencia social del clero, que en su mayoría defendía la causa carlista. Con estas motivaciones en mente, los progresistas inician el proceso con la incautación de los bienes de aquellos eclesiásticos que colaboran con los carlistas, así como de las casas de religiosos de las que hubiera constancia que hubiera huido alguno de sus moradores. Al siguiente año, se dictan diversos decretos por los que se suprimen determinadas órdenes o congregaciones poniendo sus bienes en venta. En 1837, siendo Juan Álvarez Mendizábal ministro de Hacienda, se amplían los bienes objeto de desamortización, alcanzando entonces a todas las propiedades en manos de cualquier organización eclesiástica.
A pesar de que en el pasado ya se habían tomado algunas medidas de este tipo, nunca antes habían alcanzado tal magnitud. El descalabro recibido es importante, en especial para las órdenes monásticas, que ven disminuir de manera significativa tanto el número de conventos como el de profesos, en mayor medida en el caso de las órdenes masculinas, pues las monjas, a pesar de las exclaustraciones, mantendrán la mayoría de los conventos. La incautación por parte del Estado de tan ingente cantidad de bienes acumulados por el clero durante siglos, provoca un evidente debilitamiento de la estructura eclesial que ve mermada tanto su fortaleza económica, como su influencia sobre el gran número de colonos que hasta entonces explotaban sus propiedades. Así las cosas, el recrudecimiento de la pugna entre la Iglesia española y los liberales parece inevitable. La jerarquía eclesiástica, que había defendido con ardor los postulados del absolutismo en tiempos de Fernando VII y que no duda en arremeter a la muerte del monarca contra las filas liberales, apoyando de manera decidida, al menos ideológicamente, a las huestes carlistas, pone en acción toda su capacidad de influencia contra sus adversarios, a quienes no duda en acusar de herejía y ateísmo.
No obstante, al tiempo que se mantiene esta mayoritaria actitud beligerante frente al régimen liberal, va a aparecer una corriente, desde luego con reducidos efectivos en un principio, que intentará tender puentes de acercamiento al liberalismo con el objetivo de hallar espacios de entendimiento que permitan atenuar el alcance de las nuevas medidas que los gobiernos pretendan poner en marcha en materia religiosa. La llegada al poder en 1844 de Narváez y sus seguidores, dando inicio a lo que se ha dado en llamar Década Moderada, dará alas a esta línea posibilista, de continua búsqueda de canales de entendimiento entre el poder político y religioso. Los moderados, que habían aceptado las medidas desamortizadoras tomadas por los liberales con poco entusiasmo, se mostraban más proclives a mejorar las relaciones con la Iglesia una vez que, tras el Acuerdo de Vergara, parecía que el nuevo régimen se iba consolidando. Y es que una cosa era defender al régimen liberal de los embates del clero más reaccionario, o la libre circulación de las propiedades amortizadas, o, incluso, la disminución del elevado número de clérigos que poblaban los numerosos conventos dispersos por el país, cuya existencia no se podía justificar por las necesidades del culto, y otra muy distinta mantener una posición de frontal enfrentamiento con la Iglesia, promoviendo la secularización de los cementerios, el establecimiento de una enseñanza laica o la eliminación de los presupuestos del reino de toda ayuda para el sostenimiento del culto.
Las buenas artes desarrolladas por aquellos grupos más proclives al acuerdo dieron su fruto en 1849, cuando se promulga una ley que autoriza al Gobierno para que «verifique el arreglo general del Clero y procure la solución de las cuestiones eclesiásticas pendientes», todo ello con acuerdo de la Santa Sede y conciliando las necesidades de la Iglesia y el Estado (1902: 3). La maquinaria diplomática se pone entonces en marcha con dos objetivos complementarios: por parte del Reino de España, conseguir el reconocimiento vaticano de la monarquía isabelina y, por consiguiente, la retirada del apoyo eclesiástico con que contaba el pretendiente carlista; por parte de la Santa Sede, la recuperación del poder económico y de la capacidad de influencia sobre la sociedad española. El principal escollo que encuentran los negociadores para alcanzar un acuerdo es, como no, la situación de las antiguas propiedades eclesiásticas. Al fin, tras meses de negociaciones, Juan Brunelli, Arzobispo de Tesalónica, y Manuel Bertrán de Lis, plenipotenciarios del Papa y de la Reina respectivamente, ponen su firma en Madrid al texto definitivo del acuerdo el 16 de marzo de 1851. Tras las preceptivas ratificaciones, el Concordato se convierte en Ley del Estado a raíz de su publicación en la Gaceta de Madrid el 19 de octubre de ese año. El articulado recoge los principales objetivos de ambas partes: la Santa Sede obtenía la devolución de los bienes que no habían sido vendidos a lo largo del proceso desamortizador, el control de la educación y el compromiso de que las arcas del Reino correrían con los gastos del culto. La Monarquía, por su parte, veía reconocida la legitimidad del nuevo Estado liberal a cuyo frente se encontraba la reina Isabel II, debilitándose de esta forma el apoyo con que había contado la causa del pretendiente carlista, al tiempo que ajustaba las viejas estructuras económicas y territoriales de la Iglesia del Antiguo Régimen a los nuevos postulados liberales
El texto concordatario obliga a la Iglesia a una profunda reconversión, que se torna imprescindible para adaptarse a los nuevos tiempos: debe asumir una nueva estructura organizativa que, al tener tan solo en cuenta las necesidades del culto, supone la aceptación de la significativa reducción del número de monjes que había tenido lugar con ocasión de la aplicación de las medidas desamortizadoras; así como la perdida de sus anteriores facultades jurisdiccionales y recaudatorias, por cuanto desde ese mismo momento le es negada la posibilidad de exigir prestaciones fiscales a los ciudadanos. No obstante, aquella Iglesia disminuida, saldrá del proceso con una base sólida bajo sus pies y con un amplio campo de actuación desde el que continuar ejerciendo su influencia sobre la sociedad, en base a lo establecido en los primeros tres artículos del Concordato, en donde se proclama la exclusividad de la religión católica apostólica romana, «la única de la Nación española» (art. 1º); el derecho a la vigilancia de la ortodoxia ideológica en todos los estudios que sean impartidos en cualquier centro de enseñanza, público o privado, teniendo los obispos y demás prelados libertad para «velar sobre la pureza de la doctrina de la fe, y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas» (art. 2º); y el apoyo explícito a los obispos por parte de las autoridades civiles, especialmente de Su Majestad y su Real Gobierno, en su lucha contra la malignidad de los hombres «que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos» (art. 3º).
Por lo tanto, el Concordato de 1851 va a establecer las nuevas bases de funcionamiento, y potencial crecimiento, de la Iglesia en la España gobernada por la oligarquía liberal. Los enfrentamientos frontales que las autoridades eclesiásticas habían protagonizado frente al nuevo régimen darán paso a una actitud más posibilista, lo cual permitirá ir asumiendo los espacios de influencia abiertos en el texto concordatario. Poco a poco, y no sin algún que otro contratiempo, la jerarquía católica se va a ir encontrando más cómoda en el nuevo Estado, estableciendo sólidos lazos con un sector de la oligarquía dominante con el cual, vencidos los mutuos recelos de la primera época, constituirá una sólida estructura ideológica, con escasos márgenes de tolerancia a la disidencia, que permitirá a la Iglesia desplegar toda su influencia social y política en los años de la Restauración, durante los cuales se habrán de dirimir duras batallas frente a los sectores que se obstinan en reclamar mayores cotas de libertad de pensamiento.
III
Rosario de Acuña y Villanueva se va a convertir en una de las figuras más controvertidas de su época, la España del Concordato, en virtud del protagonismo que va a asumir en esta larga confrontación como dramaturga, masona, feminista, montañera, poeta, regeneracionista, librepensadora, avicultora, articulista, exiliada, iberista, puritana, filo-socialista, autodidacta, deísta, republicana, melómana… en suma, un portento de mujer que a nadie dejaba indiferente: hubo quien la convirtió en la Flora Tristán española («en la vanguardia de la lucha social y en la línea de la unidad de los trabajadores») y quien, por el contrario, la calificó públicamente de «harpía laica», «hiena de putrefacciones”» o «trapera de inmundicias». Toda una personalidad llena de matices. Ella será quien nos guíe a través de esta España que, poco a poco, se va fracturando en dos mitades cada vez más irreconciliables. Su testimonio, expresado a través de los numerosos escritos que su pluma va dando a la imprenta a lo largo de cincuenta años, nos irá contando cómo se va gestando el drama; cómo aclaman, insultan o callan los figurantes; cómo desde la tribuna o el púlpito arengan los protagonistas; cómo se suceden las bambalinas… Veremos los entresijos de la acción situados en el propio escenario, a un lado del telón, cerca de las tramoyas, porque doña Rosario conoce perfectamente lo que se mueve entre bastidores; al fin y al cabo, es una mujer de teatro.
Sus ojos, casi ciegos durante muchos años, han visto muchas cosas y las han visto en uno y otro de los bandos contendientes. Sin que su voluntad mediara para nada, nació entre los españoles que se tenían por privilegiados: su familia se hallaba bien situada en los ámbitos del poder, tanto político como religioso, pues contaba entre sus miembros con ministros, gobernadores y arzobispos. Confortable situación que, por ejemplo, le brindaba la posibilidad de ser recibida en audiencia privada por el mismísimo Pío IX, al tiempo que le permitía disfrutar de una posición económica desahogada, como correspondía a la heredera única de un alto funcionario del Estado, descendiente de una familia de terratenientes andaluces, y de la hija de un reputado médico… El tiempo no hizo más que consolidar lo que la cuna le había deparado, pues la jovencita se convirtió en la esposa de un militar de familia tan acomodada e influyente como la suya. Pero, de pronto, aquella joven a la que no parecía faltarle de nada dio un golpe de timón a su vida, abandonando todo lo que la fortuna había puesto a sus pies para convertirse en una entusiasta abanderada de la libertad de pensamiento. De esta forma, por propia voluntad, se va adentrando cada vez más en la otra orilla, la que pueblan masones, amancebados, republicanos, feministas, proletarios, regeneracionistas… para, al final de un largo camino de lucha, penar en las estrecheces propias de los que viven por su mano, mientras sueña con un mañana prometedor, en el que «dejará de ser la propiedad privada», dejará de ser la organización de los Estados, dejará de ser la casta sacerdotal, y en el que las mujeres, elevadas a compañeras de los hombres racionalistas se acuerden de las que, haciendo de antemano el sacrificio de sí mismas, «empuñaron la bandera de su personalidad en medio de una sociedad que las considera como mercancía o botín, y defendieron con la altivez del filósofo, la abnegación del mártir, y la voluntad del héroe sus derechos de mitad humana dispuestas a morir antes que renunciar a la libertad!» (La Humanidad, Alicante, 10-7-1885).
He aquí la historia de una mujer que, renunciando a los privilegios de su confortable cuna, emprendió una larga y desigual batalla en defensa de la verdad y de la libertad en una época en la que en España, la España del Concordato, se estaban consolidando los dos bandos antagónicos que, siendo incapaces de tolerarse, no habrán de tardar en llevar sus antagonismos hasta los campos de batalla.
